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PERÍODO 2002

El año 2002, inicia el mandato del Ing. Enrique Bolaños, quien ganó las elecciones presidenciales en noviembre 2001, quien desde el comienzo enfrentó grandes limitaciones para mejorar la economía o para implementar algún programa social, tomando en cuenta que el erario público había saqueado por la administración del Presiente Arnoldo Alemán. 

Por primera vez en Nicaragua un expresidente es procesado por corrupción, siendo uno de los casos más sonados el llamado La Guaca y el Canal 6. La Procuraduría General de la Republica acuso a Arnoldo Alemán y a Byron Jerez junto a sus familiares y a exfuncionarios del anterior gobierno por lavado de dinero. La sociedad civil se manifestó públicamente exigiendo castigo para los corruptos realizando una serie de manifestaciones en las que participó el CENIDH. 

En este período, Nicaragua continúa siendo un país muy empobrecido y altamente endeudado, crece el analfabetismo, el deterioro de la salud y la educación pública; aumenta la desnutrición entre la población infantil y adulta, se mantienen las altas tasas de desempleo, se profundiza el déficit de viviendas y  no se superan los índices de violencia sexual.

Los sectores sociales continuaron  atrapados en su lucha por la sobrevivencia ante la crisis económica y crisis de liderazgos que vive el país, perdiendo capacidad de lucha, en tanto la clase empresarial y la tecnocracia gubernamental apuestan al TLC, al Plan Puebla Panamá y otros proyectos exógenos que únicamente les beneficia a empresarios pero no a la mayoría de la población que cada vez se  encuentra más empobrecida.  

Cenidh acompaña protesta  de la población por el incremento de las tarifas de los servicios básicos 

 

La sociedad civil se manifestó exigiendo castigo para los corruptos realizando una serie de manifestaciones en las que participó el CENIDH. 

La crisis económica se ha deteriorado a tal extremo que por primera vez CENIDH reportó personas muertas por  causas de hambre en Nicaragua 

HECHOS RELEVANTES

LA ACCIÓN DE GERTRUDIS ARIAS

Una de las lecciones que hará historia en Nicaragua fue la que dio la doctora Gertrudis Arias. La imagen de esa mujer del pueblo pobre y mestizo, esperando bajo el sol ante los cerrados portones de la hacienda El Chile para hacerle declarar a Arnoldo Alemán, que había ordenado a distintas entidades estatales el traspaso ilegal de varios millones de dólares al canal 6 de televisión, caló en el pensamiento colectivo como un símbolo de la dignidad popular. Porque si a Arnoldo Alemán y demás funcionarios se les podía abrir causa e iban a la cárcel, si una jueza se atrevía a desafiar un poder tan grande, era señal de que todo podía cambiar. 

CASO LA HUACA

Desde agosto del 2002 La Guaca centró toda la atención nacional. La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Arnoldo Alemán y a Byron Jerez junto a sus familiares y a exfuncionario del anterior gobierno por el lavado de dinero, unos 100 millones de dólares, salidos de recursos públicos.

El Procurador en funciones, Francisco Fiallos, dijo en aquel momento (7 de agosto de 2002) que el dinero sacado de las arcas del Estado entraba, muy “inteligentemente”, a no menos de diecinueve cuentas de diferentes sociedades creadas en el extranjero, se diseminaba en el entretejido como el de una telaraña, después entraba a un embudo y llegaba a un centro que era la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), persona jurídica de interés privado y sin fines de lucro, constituida e inscrita en la República de Panamá integrada por Arnoldo Alemán Lacayo, Byron Jerez Solís, María Dolores Alemán Cardenal.

Las sociedades creadas en el extranjero y utilizadas para el lavado del dinero eran no menos de diecinueve donde fluían los movimientos de dinero entre las cuales se mencionaron: Gold Castle Fund, Palma Real, Avenir Development, Ciborg Holding, Harfort Group, Tavis Group, Asesores Financieros (Asefinsa), Consultores Corporativos, Kaiser Global Ltd, Industria Andina de Desarrollo, Agroganadera Río Grande, Inversiones Duratil, Inversiones Santo Domingo, Nicstate Development, S.A., Voria Holding, S.A., Budapest Corporation, S.A., Inversiones Kalveto, S.A., Teremina, S.A., Fundación Democrática Nicaragüense.

El Caso COPROSA

En mayo, investigaciones realizadas por la Dirección General de Aduanas y la Contraloría General de la República, determinaron que, durante la administración del expresidente Alemán, más de 100 vehículos y una cantidad no determinada de mercadería y equipos de telecomunicaciones ingresaron al país sin pagar ningún tipo de impuestos a favor de varias instituciones de la Iglesia Católica, principalmente de la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana COPROSA, para la cual se dispensó una serie de privilegios por orden de Byron Jerez, quien según los medios de comunicación, dirigió un memorando a la Dirección General de Aduanas, solicitando un trato especial a esta organización en lo relacionado a todas sus gestiones aduaneras e introducción de todo tipo de mercadería. 

El caso COPROSA representa la prueba más evidente de los privilegios económicos que la jerarquía católica y particularmente la Arquidiócesis de Managua dirigida por el cardenal Miguel Obando Bravo, disfrutaron al amparo del poder de la presidencia de Amoldo Alemán y explican los compromisos y el respaldo político que aún le manifiestan al ex Mandatario obviando los múltiples casos y pruebas de la corrupción en su gestión gubernamental.

CENIDH ACOMPAÑA A LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS DRA. MARÍA LUISA ACOSTA

El licenciado Francisco García Valle, profesor universitario y presidente de la Cámara de Comercio de Bluefields, RAAS, fue amordazado, torturado y asesinado en su casa de habitación el 8 de abril de 2002, por tres hombres que no robaron nada. Su esposa, la doctora María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas de Bluefields, denunció que el asesinato de su esposo fue una acción dirigida a ella, por su trabajo de abogada vinculada a la defensa de las tierras comunales de los pueblos indígenas, principalmente en los casos contra el griego Peter Toskos, famoso por vender los Cayos Perlas a través de Internet y su abogado Peter Martínez, el CENIDH brindó acompañamiento a Acosta, quien por razones de seguridad tuvo que abandonar Bluefields.

ACOMPAÑAMIENTO A TRABAJADORES DE LAS MAQUILAS

Se dio seguimiento y acompañó a trabajadores de las maquilas Roo Hsing Germents, mil Colores, Hansae, Yu Jing Nicaragua, Rocedes quienes realizaron protestas en demandas de mejores condiciones laborales; se acompañó el caso de Hidrogesa en el proceso de negociación de su Convenio Colectivo y se recibió denuncia de los trabajadores de la Alcaldía de Managua, agredidos durante el enfrentamiento entre trabajadores y la policía, actuando el CENIDH como mediador del conflicto.

MARCHAS DE LOS AFECTADOS DEL NEMAGÓN

El 20 de octubre del 2002, más de 8 mil extrabajadores de las haciendas bananeras de Chinandega y víctimas del Nemagón, recorriendo las principales calles de esta ciudad en protesta y repudio por la presunta la presunta sugerencia de la embajada de los Estados Unidos que motivó las pretensiones del Procurador General de la República, Francisco Fiallos, al emitir dictamen para declarar inconstitucional la Ley 364, Ley especial para la tramitación de juicios promovidos por las personas afectadas por el uso de pesticidas fabricados basándose en DBCP. Las pretensiones del Procurador Fiallos frenaban más de 69 juicios entablados por los afectados en los juzgados de Managua.

Dichas protestas se trasladaron un mes después a la capital cuando los afectados visitaron la embajada de los Estados Unidos, la Casa Presidencial y la Corte Suprema de Justicia, para exigir el desistimiento de las pretensiones del procurador Fiallos. La marcha tuvo efectos precisamente porque la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos expresó a los afectados, que ese Poder del Estado desconocía el dictamen presentado por el Procurador y las opiniones emitidas por este no constituía de ninguna manera la opinión de la Corte.

También señaló que no existe recurso formal en ninguna instancia del poder judicial en la que se solicite la inconstitucionalidad de la ley, por lo que la misma tiene plena vigencia.  Por su parte, la Presidencia de la República se comprometió a nombrar la comisión nacional que representará a los afectados a nivel internacional mediante un Procurador Especial. Igual apoyo obtuvieron por parte de los diputados de la Asamblea Nacional quienes se comprometieron a no derogar la ley ni a modificarla en perjuicios de los afectados.

El CENIDH considera que la actitud y pretensiones del Procurador de la República constituye una invitación a la impunidad, sumisión a todas luces por parte del gobierno y una ingratitud que contraviene el interés de los afectados, entre las que se encuentran campesinos que trabajaron su plenitud de vida en las bananeras pero que ahora se encuentran enfermos.

CASO YATAMA Y OTROS ANTE CIDH

En octubre el CENIDH junto con Cejil y líderes de YATAMA, asistieron a Audiencia otorgada por la CIDH (Caso # 12.388), en la que se expusieron los alegatos de fondo, indicando las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cometidas por el Estado de Nicaragua, al excluir los candidatos de las elecciones municipales del 2000. la CIDH propició la Solución Amistosa entre las partes, pero el Estado no expresó anuencia a ello. 

Otra de las acciones realizadas ante la CIDH fue la solicitud de Medidas Cautelares sobre la situación de amenazas a la Jueza Gertrudis Arias y al Procurador Alberto Novoa y sobre la situación de hambre de familias campesinas en la zona norte del país, producto de la crisis cafetalera que vive el país.

 

CASO ZOILAMÉRICA

CENIDH como peticionario junto con la víctima asistió en marzo 2002 a Audiencia Oral donde se reiteraron los alegatos de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua. La CIDH ofreció la realización de una solución amistosa, la cual fue aceptada por ambas partes, habiéndose iniciado el proceso de negociación entre el Estado y la víctima para concretarla.

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