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PERÍODO 2004-2005

El creciente aislamiento y debilitamiento político interno que experimentó el Presidente Bolaños a lo largo de los últimos dos años de gobierno, caracterizados por los constantes roces y descalificaciones verbales entre los rectores de los poderes públicos, acentuarían un patrón de conducta y un estilo de gobierno que propició el entreguismo y el constante injerencismo extranjero y, particularmente estadounidense, en los asuntos internos de Nicaragua. 

El 10 de octubre 2005 Ortega y Bolaños sostienen un largo encuentro a puerta cerrada en Casa Presidencial, donde lograron un acuerdo de gobernabilidad que terminaría con la crisis institucional creada artificialmente para presionar a Bolaños a incorporarse al pacto a tres bandas, ese mismo día la Asamblea Nacional sin la oposición de la bancada sandinista logra la firma el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR. CAFTA).

Los arreglos, intereses y componendas en diversos momentos y circunstancias entre Alemán, Ortega y Bolaños se ven claramente reflejados en las actuaciones judiciales y así la ciudadanía ha sido testigo como al ex-Presidente Arnoldo Alemán y otros procesados en el mismo caso se les concedieron insólitos privilegios en una burda muestra de utilización de la justicia que evidencian los vaivenes que se han dado en las negociaciones entre el FSLN, el PLC y el gobierno bolañista. 

El pacto bipartidista Alemán-Ortega alcanzó su punto crucial con el acuerdo de alternabilidad en el control de la Corte Suprema de Justicia –acuerdos números 72 del 15 de marzo de 2004 y 48 de 14 de febrero de 2005- entre ambas fuerzas políticas, lo que permitió que un magistrado sandinista, Yadira Centeno, asumiera la presidencia del Poder Judicial en 2004 y un liberal, Manuel Martínez, en 2005. 

 

HECHOS RELEVANTES

CONTINÚA TRAGEDIA POR NEMAGÓN

Desde el año 2000, murieron un total de 986 campesinos afectados por el pesticida comercialmente conocido como DBCP o Fumazone, comúnmente identificado como Nemagón. De ese número, murieron en el 2005, 196 obreros agrícolas que laboraron en haciendas bananeras del occidente de Nicaragua.

Los afectados (as) por el Nemagón padecieron/padecen enfermedades como cáncer en la piel, problemas en el hígado, páncreas, riñones, hematomas en el cuerpo y deformaciones congénitas en los fetos. En el año 2004 se firmaron acuerdos con el gobierno los cuales se denominaron "Acuerdos del Raizón", sin embargo, el gobierno incumplió con los mismos.

El 7 de febrero de 2005 aproximadamente 5 mil personas afectadas emprendieron una marcha a pie, recorriendo 140 kilómetros desde Chinandega hasta Managua, realizando un plantón frente a la Asamblea Nacional, por cuarta vez en su prolongada lucha, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos firmados. Después de nueve meses de permanecer en el plantón, haber realizado en el mes de agosto una huelga de hambre sin injerir líquidos en las instalaciones de la Cruz Roja, y reunirse cada semana con el gobierno, los protestantes lograron el cumplimiento de los acuerdos, el compromiso del gobierno y la Asamblea Nacional de no derogar ni reformar la ley 364 "Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos para las personas afectadas por el uso de pesticidas fabricados a base de DBCP". El siete de septiembre del presente año regresaron a Chinandega. 

El CENIDH acompañó a los afectados por el Nemagón, desde que iniciaron sus protestas en el año 2000, ha condenado a nivel nacional e internacional la insensibilidad del Estado ante esta problemática, constituyéndose el propio Estado en el principal violador del derecho humano a la vida tanto de los afectados del Nemagón como de los trabajadores del campo.

 

Carlos Guadamuz hijo, junto con la Dra. Núñez y un equipo del CENIDH en el Instituto de Medicina Legal esperando los resultados de la autopsia practicada al periodista Carlos Guadamuz.

Periodista Adolfo Díaz, asesinado a tiros en Estelí.

Periodistas, Eloisa Ibarra, Camilo Calero, Irvin Vega y otros periodistas conversando en CENIDH sobre persecución y amenazas a periodistas.

ASESINATOS Y AMENAZAS DE MUERTE A PERIODISTAS

Los asesinatos de Carlos José Guadamuz Portillo y la periodista María José Bravo, el 9 de noviembre, enlutaron al gremio y a la sociedad nicaragüense que se conmocionó por estos hechos. Esas muertes no sólo significaron una violación al derecho a la vida, si no una amenaza al libre ejercicio de la libertad de expresión.

La vinculación partidaria de los victimarios FSLN y PLC respectivamente, evidenció las razones políticas de las muertes y la intolerancia a las ideas y críticas periodísticas.

Tras el asesinato de Guadamuz se generalizaron las amenazas de muerte contra varios periodistas: William Grigsby Vado y Abel Calero, director y periodista de Radio "La Primerísima" respectivamente, se convirtieron en blanco de sectores extremistas de nuestro país.

Paralelo a los casos de Grigsby y Calero, el editor del diario "La Prensa", Fabián Medina, denunció que fue amenazado de muerte a través de un correo electrónico. El mensaje decía textualmente: "En el parqueo de La Prensa puede usted caer muerto cualquier mañana; o tarde de esta semana, o de la siguiente. Queremos que le quede claro que su heroísmo periodístico puede causar la orfandad de sus hijos y la viudez de su mujer, o la muerte de alguno de ellos y la tristeza y desgracia de usted" y lo firmaba un autodenominado grupo Morir para Vivir. 

Otro hecho grave fue denunciado por Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, quien reveló que el medio de comunicación que dirige fue amenazado por desconocidos que alertaron sobre la existencia de un explosivo en las oficinas del noticiero.

ANOMALÍAS ELECCIONES MUNICIPALES

En el 2004, se utilizó al Poder Judicial como un medio para excluir de participación política a candidatos o precandidatos con posibilidades de tener un buen resultado en las elecciones municipales, tal es el caso de Alejandro Fiallos quien se presentó como candidato a Alcalde en las elecciones de 2004 por la Alianza por la República APRE. En el contexto de su campaña fue condenado por el juez suplente del Juzgado Segundo Local del Crimen Moisés Rodríguez, quien ordenó su captura, a 45 días de prisión y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por los delitos de abuso de autoridad, amenazas condicionadas y extorsión, además de dejar causa abierta en su contra por los delitos de fraude, peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, sentencia de la cual apeló ante el Juez Primero de Distrito del Crimen Dr. David Rojas.

El CENIDH presentó un escrito ante dicho Juez, en el cual se plantearon las conclusiones del CENIDH, entre ellas el hecho que no existían suficientes elementos probatorios para establecer la responsabilidad penal del Señor Fiallos, que existía interés particular del juez que lo condenó y por lo cual se le violentaron los derechos de presunción de inocencia, garantías del debido proceso e igualdad ante la ley. Por temor a ser capturado nuevamente Fiallos abandonó el país, lo que le impidió ejercer su derecho político a ser elegido.

Bayardo Izaba, Dir. Ejecutivo del CENIDH acompaña a lideres de la Resistencia Nacional a interponer recurso ante el Consejo Supremo Electoral.

Otra de las anomalías fue la exclusión de los candidatos de Yapti Tasba Masraka Nanih Asia Takamka (Yatama) de las elecciones municipales, el 23 de Junio de 2005, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado nicaragüense por la decisión arbitraria e inconstitucional del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La demanda contra el fue presentada ante la CIDH, el 26 de abril de 2001 por la organización YATAMA, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

CASO DEL COMISIONADO FRANCISCO BAUTISTA LARA

El 15 de abril de 2005 por órdenes del presidente Enrique Bolaños Gayer fue enviado a retiro el Comisionado General Francisco Bautista Lara, subdirector de la Policía Nacional. La decisión presidencial fue ejecutada sin tomar en cuenta las disposiciones establecidas por la Ley 228 de la Policía Nacional que establece los plazos y los mecanismos para los ascensos o retiros de los oficiales de dicha institución.

El CENIDH concluyó que el presidente Enrique Bolaños, al separar de su cargo al Comisionado Lara al margen de las disposiciones contempladas en la ley correspondiente violentó sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, estabilidad laboral y al debido proceso.

 

Tanto el FSLN como PLC, controlados por Daniel Ortega Saavedra y Amoldo Alemán Lacayo, negaron a sus militantes y simpatizantes la realización de elecciones primarias para la selección de sus candidatos presidenciales y diputaciones, trayendo como consecuencia el descontento de muchos afiliados y la denuncia pública de algunos de ellos por la falta de democracia a lo interno.

La negativa para realizar las elecciones primarias estuvo asociada al temor de los dirigentes de ambas instituciones partidarias, de ser desplazados por las candidaturas presidenciales de Herty Lewites (FSLN) o por cualquier de los varios precandidatos liberales: Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado, José Rizo Castellón, Noel Ramírez, Noel Aguirre Sacasa del PLC, particularmente por Eduardo Montealegre, que junto a Lewites, contaban con altos índices de aprobación a nivel nacional, según las encuestas de opinión.

Expulsados y excluidos de ambos partidos, Herty y Montealegre aceptaron la propuesta de utilizar la casilla presidencial de otras agrupaciones partidarias, con menor fuerza numérica entre su militancia, pero dispuestos a brindarles todo su apoyo.

En el caso del aspirante presidencial Herty Lewites, el CENIDH recibió su denuncia y la de Víctor Hugo Tinoco luego de haber sido expulsados del FSLN, señalados de "traidores" por el hecho de haberse atrevido a desafiar el poder hegemónico de Ortega al proponer la precandidatura de Lewites. El CENIDH preparó con ellos las acciones legales interpuestas ante las instancias de ese partido y el Consejo Supremo Electoral, CSE, sin embargo, antes de recibir resolución definitiva sobre su reclamo, el señor Lewites prácticamente desistió desde el momento en que aceptó correr como candidato de otras fuerzas partidarias.

EXPULSIÓN DE HERTY LEWITES Y EDUARDO MONTEALEGRE

DERECHOS DE LAS MUJERES

En este período CENIDH denunció de forma permanente la violencia intrafamiliar y sexual como una grave violación a los derechos humanos de mujeres, niñas y niños nicaragüenses. A la vez, se constató que el  sistema de justicia les dejaba en desprotección, lo que resultó una desventaja en cuanto al acceso a la justicia y protección para los agresores.

De igual forma, El CENIDH mantuvo una campaña radial permanente a favor de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en concordancia con las leyes nacionales y los instrumentos internacionales.

En estos años CENIDH también visitó a focos de riesgo de mujeres en situación de prostitución y brindó talleres brindados a estos grupos en coordinación con el organismo TESIS, se conoció que las mujeres refirieron abusos de parte de policías y particulares. En ese sentido se sensibilizó a 69 miembros de la policía nacional sobre los derechos de las mujeres en esa situación y se les aclaró su  responsabilidad como autoridad policial de respetar y hacer respetar esos derechos.

 

ACOMPAÑAMIENTO EN DEMANDA DE RESTITUCION DEL ABORTO TERAPÉUTICO

En 2004 abundaron las afirmaciones de parte de diputados que demostraron el poco conocimiento que tenían sobre los derechos de las mujeres. Varios de ellos  afirmaron en los medios de comunicación que no legalizarían el aborto terapéutico. Afirmación grave, pues como legisladores debieron saber que el aborto terapéutico significa la interrupción legal del embarazo, que tenía vigencia desde hace mucho en Nicaragua. 

En la discusión de lo que sería el nuevo Código Penal, el tema del aborto terapéutico, ni siquiera alcanzó el nivel de debate público, porque aquellos que dijeron estar en contra del mismo manejaron conceptos religiosos y realidades distorsionadas para sustentar sus "argumentos".

Quinceaños defendiendo derechos humanos

En 2004 abundaron las afirmaciones de parte de diputados que demostraron el poco conocimiento que tenían sobre los derechos de las mujeres. Varios de ellos  afirmaron en los medios de comunicación que no legalizarían el aborto terapéutico. Afirmación grave, pues como legisladores debieron saber que el aborto terapéutico significa la interrupción legal del embarazo, que tenía vigencia desde hace mucho en Nicaragua. 

En la discusión de lo que sería el nuevo Código Penal, el tema del aborto terapéutico, ni siquiera alcanzó el nivel de debate público, porque aquellos que dijeron estar en contra del mismo manejaron conceptos religiosos y realidades distorsionadas para sustentar sus "argumentos".

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