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PERÍODO ABRIL 1990 - ABRIL 1991

El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro mejoró la situación de los derechos civiles y políticos, contribuyó a la pacificación del país, pero provocó un profundo deterioro en los derechos económicos, sociales y culturales, a consecuencia de la aplicación de planes de ajuste estructural y otras medidas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que caracterizaron la política económica de los gobiernos neoliberales centrados en la ideología del mercado, que generaron tensiones al país producto de: 1) La privatización o devolución de empresas que fueron confiscadas por el gobierno anterior, 2) despidos masivos de trabajadores y 3) los bajos salarios, sumado al Plan de Reconversión Ocupacional implementado por el gobierno el cual propició mayor desempleo y conflictos laborales. Entre las huelga de trabajadores registradas en ese período están: la huelga de trabajadores de la Jabonería Prego, El Caracol (empresa de alimentos), Agromaq (empresa de maquinaria agrícola), Plywood de Nicaragua ( empresa de madera), Intercasa (productos químicos), Texlasa, Kikatex y Texnicsa de la rama textil vestuario, ante la decisión del gobierno de devolverlas a sus antiguos dueños. Los obreros demandaban que la privatización o devolución también les beneficiara a ellos quienes laboraron sin descanso durante casi 11 años. Además de la huelga nacional de 24 mil trabajadores que conforman el sector salud, entre médicos, enfermeras, empleados administrativos, etc, que mantuvieron paralizadas 150 unidades de salud en todo el país, atendiendo sólo emergencias. Sus demandas centrales son abastecimiento a los hospitales de material técnico-médico y aumento salarial.

También se registraron paros laborales en los ingenios azucareros "San Antonio", "Germán Pomares" y "Javier Guerra", la fábrica de galletas Nabisco Cristal, Tabacaleras en Rivas, por atrasos en el pago salarial, Despidos masivos en METASA (empresa de estructuras metálicas), FANATEX (Industria textil), Banco Nacional de Desarrollo, Banco Inmobiliario, Alcaldía de Managua, Ministerio de Educación y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos TELCOR. 

Diversas movilizaciones populares y reclamos laborales fueron reprimidos por las fuerzas policiales que el CENIDH presenció in situ, así como los desalojos  violentos en asentamientos ilegales en Managua, desalojo de campesinos  y quema de ranchos en el campo, protestas laborales disueltas a punta de gases lacrimógeno y golpes de cachiporras de las que no escaparon ni los lisiados de guerra.

Esta situación de incertidumbre e inseguridad y el retroceso de los avances sociales, implicó para el CENIDH centrar su actividad en la educación y promoción, investigación, defensa y denuncia de las violaciones de los derechos humanos.

Tomas de tierras y desalojos violentos

Desalzados de la contrarrevolución, gente del campo y de sectores completamente marginados llegaron a Managua buscando como resolver sus necesidades ante el hambre y la miseria que se vivía en el país, surgiendo más de 130 asentamientos sólo en Managua, entre ellos un asentamiento ubicado cerca del Estadio Rigoberto López Pérez.  Autoridades de la Alcaldía de Managua, apoyados  por la policía, procedieron con palas mecánicas, tractores y camiones a destruir violentamente las casitas de cartón y  plástico. Así como el desalojo y quema de ranchos realizada por el Ejercito de contrarrevolucionarios y campesinos sin tierra que se habían tomado parte de las tierras ociosas de la hacienda "Los Ángeles” en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa, VI Región.  El CENIDH constató in-situ el problema y entrevistó a los afectados.

 

A un año de gobierno de la UNO, el derecho a la educación se deterioró y prevaleció la amenaza de hacer desaparecer la gratuidad en las escuelas estatales ante las medidas orientadas por el Ministro de Educación de iniciar la privatización en los colegios públicos. Cenidh pudo constatar que 173 escuelas de primaria y secundaria carecían de las mínimas condiciones requeridas para funcionar, la mayoría con los servicios higiénicos en mal estado y algunos no contaban con ellos.  Miles de estudiantes tenían por asien1os escolares adoquines de cemento, otros llevaban sillas de sus casas o recibían clase de pie.

Investigaciones

Derecho a la vida e impunidad

 

Se realizó entre mayo de 1990 y septiembre de 1991. Esta investigación fue motivada a partir de la comprobación de indicios de 215 personas muertas en circunstancias violentas con connotaciones políticas, de las cuales el 74.5% quedaron impunes, es decir que no hubo ningún tipo de investigación judicial. Solamente en cuatro casos hubo sentencia condenatoria.

Entre los principales focos de tensión generadores de las numerosas violaciones de presentaron los conflictos por la tierra en el campo y la problemática laboral en las ciudades.

Se comprobó que en general las autoridades no habían investigado debidamente los hechos y no aplicaron las penas correspondientes a sus autores. Una práctica frecuente era la liberación de los detenidos sin llegar a los tribunales, estimulando la impunidad y el debilitamiento del Estado de Derecho. Se evidenció una tendencia gubernamental del debilitamiento del Poder Judicial al definir medidas que limitan su competencia, lo que significaba un riesgo para la defensa de los DH.

Estudio bibliográfico de la legislación nicaragüense relacionada a la niñez

Estudio comparativo de las normas internacionales, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, aprobada en noviembre de 1989 y  suscrita y ratificada posteriormente por Nicaragua. La investigación fue a la vez parte del Proyecto “Investigación-Acción sobre los Derechos del Niño”.

Las conclusiones revelaron que la Constitución Política, la Ley Tutelar de Menores y su reglamento reformado en 1979, La Ley de Adopción (1981), La Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e hijos (1982) y la Ley para la disolución del Vínculo Matrimonial por voluntad de una de las partes (1988) contienen aspectos coincidentes con el contenido del articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (1989); y que urgía una respuesta  gubernamental para dar cumplimiento tanto a la Constitución Política como a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de del Niño y la Niña.

La mejor defensa de los derechos humanos no es la que hacemos los organismos que a ello nos dedicamos, sino los sujetos activos de esos derechos y por consiguiente las víctimas primeras de las violaciones; por ello consideramos que la llamada "popularización de la doctrina de los derechos humanos" no es más que impulsar la preparación de la gente para la autodefensa de sus derechos que es la más efectiva, si los conoce y sabe como defenderlos; porque una persona o un grupo que conoce sus derechos y conoce los mecanismos formales y no formales para defenderse es menos vulnerable ;ante conductas arbitrarias de los agentes estatales”.. 

Vilma Núñez de Escorcia 

 

Ese mismo año a través de viñetas radiales se da a conocer a nivel nacional el lema del CENIDH.

 !Derecho que no se defiende….es derecho que se pierde!

En 1991, se creó el Modelo Educativo del CENIDH basado en el diseño y establecimiento de un sistema de educación en derechos humanos con la metodología de la educación popular , elaborando el primer folleto metodológico “Metodología” sobre educación en derechos humanos y los folletos Derechos Humanos -“El Camino” y “Defensa Práctica”, trilogía inicial de los materiales educativos elaborados por el CENIDH. 

DOCUMENTOS EDUCATIVOS PARA PROCESO DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Recursos

Informes

Boletines Informativos

LA EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS DEL CENIDH

El CENIDH se perfiló  como una instancia de apoyo y acompañamiento de los sectores populares en su lucha por mantener, defender y conquistar sus derechos humanos, fortaleciendo sus capacidades para la autoprotección y autodefensa individual y social de sus derechos, a través de acciones educativas dirigidas a organizaciones, asociaciones, gremios y territorios de los sectores más afectados por situaciones violatorias, como sujetas y sujetos de derechos, a fin de depositar en las manos del pueblo el protagonismo en la lucha por sus reivindicaciones, popularizando así el conocimiento sobre los Derechos Humanos.

Haciendo uso de la metodología de educación popular inicia el proceso de formación de promotores y promotoras en derechos humanos, a través de: : 

  1. Talleres Básicos: Dirigidos a divulgar los principios y doctrina general de los derechos humanos.
  2. Taller Jurídico: Destinado a aquellos grupos organizados que manifiestan su intención de realizar labores o trabajos de defensa o acompañamiento en los diferentes problemas que enfrentan en su comunidad.
  3. Taller Metodológico: dirigido a aquellos grupos que quieren o se dedican a multiplicar la capacitación adquirida en los dos talleres anteriores.

En 1990-1991 establece coordinación con las Comunidades Eclesiales de Base, el Centro de Mujeres IXCHEN, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y el Movimiento Comunal, para la formación de promotores populares de derechos humanos a través de talleres básicos de derechos humanos implementando la metodología basada en los principios de aprender haciendo, trabajo colectivo, participación activa, estímulo a la creatividad, vinculando la teoría con Ja práctica, la auto-educación a partir de  colectivizar la experiencia, haciendo uso de diferentes dinámicas y procedimientos. 

Programa de Pasantía

Testimonio Dra. María Asunción Moreno

La Pasantía en Derechos Humanos se concibió como una línea de trabajo educativo para contribuir a la formación de jóvenes universitarios con vocación de servicio en la especialidad de derechos humanos.  

En 1991 se firmó el convenio con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNIVERSIDAD Centroamericana -UCA, iniciando con tres pasantes por un período de tres meses quienes de forma rotativa pasaban un mes en cada departamento institucional. La pasantía se reconocía como práctica de profesionalización o convalidaba una materia. Programa que fue puesto a disposición a otras Universidades del país, siendo los primeros pasantes Javier Pérez Ríos, Darling Obando Aragón y Brenda Pravia Narváez. 

Más de ochocientos jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Ciencias de la Comunicación realizaron sus pasantías contribuyendo a su formación en materia de derechos humanos.

El Boletín institucional fue el medio de difusión que apareció por primera vez en febrero de 1991. Estaba dirigido a la proyección de la posición oficial del CENIDH respecto a la situación general de derechos humanos. Fue un instrumento de promoción y denuncia.